El diputado Teófilo Manuel García Corpus, presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados, afirmó que el índice de desarrollo humano de algunas comunidades indígenas en México está por debajo de los pueblos más pobres de África.
En el foro de información sobre la Ley General de Consulta a los Pueblos y Comunidades Indígenas, organizado por las comisiones de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados y del Senado de la República, García Corpus afirmó que en todos los rubros de desarrollo social y económico son mayores los rezagos de la población indígena.
"Cerca de 12 millones de indígenas en el país en su mayoría se encuentran en condiciones de pobreza y pobreza extrema", enfatizó.
Añadió que, de acuerdo al Informe sobre Desarrollo Humano de los Pueblos Indígenas del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), más de 71 por ciento de la población indígena se encuentra en pobreza multidimensional, lo que contrasta con el 44 por ciento estimado para la población nacional.
García Corpus dijo que la prevalencia de desnutrición infantil crónica es de 38 por ciento y 72 por ciento de la población indígena no es derechohabiente de alguna institución federal de salud. En materia de infraestructura básica la tercera parte de viviendas carece de agua entubada y, más de la mitad, de drenaje.
En términos de educación, añadió que la escolaridad de este sector es apenas de 4.7 grados, mientras que a nivel nacional es de 8.5 grados; 55 por ciento de los adultos indígenas no asistieron a la escuela o no completaron la educación primaria, frente al 29 por ciento que representa la población no indígena a nivel nacional; sólo 3 por ciento completó al menos un año de educación superior, contra el 15 por ciento nacional.
Además, cuatro de cada 10 mujeres son analfabetas, frente una de cada 10 mujeres a nivel nacional y su escolaridad es de cuatro frente a 8 grados del nivel nacional; asimismo, una de cada dos jóvenes indígenas de entre 15 y 24 años de edad se dedica a las labores domésticas.
Manifestó la necesidad de contar con un instrumento jurídico que obligue al Estado mexicano a consultar, informar y comentar con los pueblos y comunidades indígenas las acciones a realizar y los resultados que impactarán en su entorno, vida cotidiana, usos y costumbres e identidad cultural.
Se busca obtener un ordenamiento jurídico que haga efectivo el ejercicio del derecho de consulta previa como instrumento para el acceso a otros derechos; con su aprobación se establecerían bases, requisitos e instrumentos jurídicos que permitirían participar en igualdad de condiciones "en el diseño de país que todos queremos construir".
El Estado, explicó, contaría con un instrumento que permita el diálogo intercultural para conocer opiniones y necesidades de los pueblos y comunidades indígenas y tomarlas como base para la elaboración de planes y programas que les afecten.
El objeto de la ley es establecer lineamientos que garanticen a los pueblos y comunidades indígenas el derecho a la consulta y establece como derecho de los pueblos y comunidades indígenas ser consultados cuando el Estado prevea medidas legislativas o administrativas que los afecten directamente y se garantice el acceso a este derecho, mediante procedimientos adecuados y a través de las autoridades e instituciones representativas de los pueblos y comunidades indígenas.
Al inaugurar el evento, el senador Andrés Galván Rivas, presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas del Senado de la República, afirmó que existen tratados internacionales signados por México, así como los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, que hacen obligatorio legislar en esta materia
Añadió que el presupuesto se debe aplicar con orientación que respete la pluralidad étnica del país, pues se ejerce de manera transversal con visión homogénea "y necesitamos que sea con reconocimiento pluriétnico; que cada peso se aplique a cada comunidad indígena sea en función a su propia cosmovisión para tener un desarrollo con respeto pleno a su autonomía".
Indicó que se trabajará en conjunto y sin tintes partidarios para construir una ley de consulta que responda a las necesidades de este sector tan importante, "que llegará a casi a 13 ó 14 millones de indígenas".
Lo que importa, subrayó, es darles un instrumento legal a las comunidades indígenas para que tengan desarrollo con identidad y superar el atraso en que se encuentran. "Queremos dar muestra de que tenemos capacidad de hacer a un lado los intereses de partido y entender que hay un bien superior, que es el de los pueblos indígenas".
Es fundamental, continuó, conocer la opinión y comentarios, experiencia y conocimiento en el tema de los principales actores en esta materia para "estar seguros de que ante la entrada en vigor de este ordenamiento habrá el compromiso para garantizar el ejercicio del derecho contenido en esta ley".
Adelantó que en febrero se presentará un documento que armonice la actividad de las comunidades indígenas con el Estado mexicano, "que éste conozca cómo son las comunidades indígenas para que cada peso que aplique se vaya perfectamente al desarrollo de estas comunidades y sacarlos del atraso, pero sin perder su cultura".
En el foro de información sobre la Ley General de Consulta a los Pueblos y Comunidades Indígenas, organizado por las comisiones de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados y del Senado de la República, García Corpus afirmó que en todos los rubros de desarrollo social y económico son mayores los rezagos de la población indígena.
"Cerca de 12 millones de indígenas en el país en su mayoría se encuentran en condiciones de pobreza y pobreza extrema", enfatizó.
Añadió que, de acuerdo al Informe sobre Desarrollo Humano de los Pueblos Indígenas del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), más de 71 por ciento de la población indígena se encuentra en pobreza multidimensional, lo que contrasta con el 44 por ciento estimado para la población nacional.
García Corpus dijo que la prevalencia de desnutrición infantil crónica es de 38 por ciento y 72 por ciento de la población indígena no es derechohabiente de alguna institución federal de salud. En materia de infraestructura básica la tercera parte de viviendas carece de agua entubada y, más de la mitad, de drenaje.
En términos de educación, añadió que la escolaridad de este sector es apenas de 4.7 grados, mientras que a nivel nacional es de 8.5 grados; 55 por ciento de los adultos indígenas no asistieron a la escuela o no completaron la educación primaria, frente al 29 por ciento que representa la población no indígena a nivel nacional; sólo 3 por ciento completó al menos un año de educación superior, contra el 15 por ciento nacional.
Además, cuatro de cada 10 mujeres son analfabetas, frente una de cada 10 mujeres a nivel nacional y su escolaridad es de cuatro frente a 8 grados del nivel nacional; asimismo, una de cada dos jóvenes indígenas de entre 15 y 24 años de edad se dedica a las labores domésticas.
Manifestó la necesidad de contar con un instrumento jurídico que obligue al Estado mexicano a consultar, informar y comentar con los pueblos y comunidades indígenas las acciones a realizar y los resultados que impactarán en su entorno, vida cotidiana, usos y costumbres e identidad cultural.
Se busca obtener un ordenamiento jurídico que haga efectivo el ejercicio del derecho de consulta previa como instrumento para el acceso a otros derechos; con su aprobación se establecerían bases, requisitos e instrumentos jurídicos que permitirían participar en igualdad de condiciones "en el diseño de país que todos queremos construir".
El Estado, explicó, contaría con un instrumento que permita el diálogo intercultural para conocer opiniones y necesidades de los pueblos y comunidades indígenas y tomarlas como base para la elaboración de planes y programas que les afecten.
El objeto de la ley es establecer lineamientos que garanticen a los pueblos y comunidades indígenas el derecho a la consulta y establece como derecho de los pueblos y comunidades indígenas ser consultados cuando el Estado prevea medidas legislativas o administrativas que los afecten directamente y se garantice el acceso a este derecho, mediante procedimientos adecuados y a través de las autoridades e instituciones representativas de los pueblos y comunidades indígenas.
Al inaugurar el evento, el senador Andrés Galván Rivas, presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas del Senado de la República, afirmó que existen tratados internacionales signados por México, así como los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, que hacen obligatorio legislar en esta materia
Añadió que el presupuesto se debe aplicar con orientación que respete la pluralidad étnica del país, pues se ejerce de manera transversal con visión homogénea "y necesitamos que sea con reconocimiento pluriétnico; que cada peso se aplique a cada comunidad indígena sea en función a su propia cosmovisión para tener un desarrollo con respeto pleno a su autonomía".
Indicó que se trabajará en conjunto y sin tintes partidarios para construir una ley de consulta que responda a las necesidades de este sector tan importante, "que llegará a casi a 13 ó 14 millones de indígenas".
Lo que importa, subrayó, es darles un instrumento legal a las comunidades indígenas para que tengan desarrollo con identidad y superar el atraso en que se encuentran. "Queremos dar muestra de que tenemos capacidad de hacer a un lado los intereses de partido y entender que hay un bien superior, que es el de los pueblos indígenas".
Es fundamental, continuó, conocer la opinión y comentarios, experiencia y conocimiento en el tema de los principales actores en esta materia para "estar seguros de que ante la entrada en vigor de este ordenamiento habrá el compromiso para garantizar el ejercicio del derecho contenido en esta ley".
Adelantó que en febrero se presentará un documento que armonice la actividad de las comunidades indígenas con el Estado mexicano, "que éste conozca cómo son las comunidades indígenas para que cada peso que aplique se vaya perfectamente al desarrollo de estas comunidades y sacarlos del atraso, pero sin perder su cultura".
FUENTE: Notimex.
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