La existencia de una sociedad mexicana pluriétnica y multicultural, ha sido negada sistemáticamente por todos los sistemas gubernamentales emanados desde la revolución de 1917, esta negación se manifiesta en la relación de exclusión hacia los pueblos indios en términos de injusticia y desigualdad.
En los albores del indigenismo, las políticas integracionistas fueron instrumentadas para que por medio de las reformas agrarias y de los programas educativos de castellanización, las comunidades indígenas fueran asimiladas en la vertiente cultural de la nación, ante estas tácticas de asimilación e integración, las comunidades indígenas se replegaron en las denominadas “regiones de refugio” como estrategia de sobrevivencia y de resistencia cultural.
La reforma constitucional en materia de derechos y cultura indígenas del 2001 (que en su versión original, buscaba modificar de fondo, la relación entre el Estado y los Pueblos Indígenas) en la práctica jurídica, se continua negando la autonomía y los derechos colectivos, incluyendo la posibilidad de asociación de comunidades y municipios, en este sentido, a los pueblos originarios se les sigue tratando como objetos y no como sujetos de atención. Por otra parte, en el apartado B del artículo segundo de esta misma reforma a la constitución, se entroniza el tutelaje del Estado y el modelo de desarrollo asistencialista y filantrópico de las políticas sociales; de la misma manera, la reforma agraria del artículo 27 constitucional (1992), ha propiciado el desmantelamiento de los territorios indígenas, su conversión en parcelas certificadas y la destrucción paulatina de la comunalidad.
El accionar del indigenismo de Estado, se instrumenta como una compleja y extensa inter-relación de estrategias, acciones y declaraciones de política social hacia los pueblos originarios, en este contexto de política indigenista oficial, no existe un solo tipo o perfil de indigenismo endógeno, en donde se considere la retroalimentación de la otredad.
El actual indigenismo, mantiene ciertas características genéricas con sus orígenes (tutelaje, asistencialismo, corporativismo), sin embargo se puede argumentar que ha evolucionado en el devenir del tiempo, expandiendo o contrayendo sus estrategias; los matices de su accionar se han adaptado a cada uno de sus periodos evolutivos, por ejemplo el indigenismo clásico, el indigenismo integracionista, multiculturalista, etc., hasta llegar al indigenismo neoliberal. Este último, conceptualizado para el trabajo de campo (el neo indigenismo), continúa reproduciendo el fenómeno del control territorial a través de las políticas sociales (funcionarios federales y estatales) como instrumento de penetración del Estado en la vida social, económica y política de las comunidades indígenas.
El neo indigenismo, diseñado e instrumentado por la nueva clase política en el poder (producto de la hipotética alternancia democrática), se origina en el 2002, cuyo lema indigenista fue : “México, diversas culturas, muchos pueblos, una sola nación”, con esta frase arrancó un nuevo periodo del indigenismo en México, esta política social del “gobierno del cambio”, continua fundamentándose en las premisas del pasado, es decir, continúa reproduciendo las mismas estrategias paternalistas, ejecutadas con acciones fragmentadas y locales, dejando fuera los procesos integradores que subyacen en las mismas comunidades, desfavoreciendo los activos sociales y económicos de los pueblos originarios, en resumen, el neo indigenismo, no es una política social que propicie la autonomía, la comunalidad ni la reconstitución de los pueblos originarios señalados en la reforma al artículo segundo de la constitución. En el fondo, la estrategia de intervención gubernamental está consagrada en el apartado B del artículo segundo de la constitución. En estos preceptos constitucionales se maximiza la buena fe y el voluntarismo del gobierno federal, “el gesto misericordioso (del neo indigenismo) se transfiguró en caridad institucionalizada y burocratizada” (Dimas, B. 2006:3).
No obstante lo anterior, el Estado abandona sus responsabilidades fundamentales con respecto a la salud, la educación y la vivienda en las regiones indígenas, cediendo la instrumentación de estas acciones a diversas fundaciones privadas y organizaciones no gubernamentales, propiciando el surgimiento de un nuevo actor social desconocido hasta el momento: un prototipo de indigenista filantrópico, el que a cualquier ciudadano desprotegido lo transforma en campesino o en indígena, y a la mujer indígena, la transforma en objeto de piedad y en beneficiaria de la panacea del “empoderamiento”.
Todas estas reformas han permitido al Estado, el control y el tutelaje, obstaculizando la autogestión y la transferencia de recursos para ser aplicados directamente por los municipios y comunidades indígenas. En este escenario el Estado retiene todas las funciones paternales, simplificando sus acciones, pero eso sí, generando eficiencia gubernamental mediante el control del gasto, el control de los beneficiarios, supeditados todos, a condiciones específicas establecidas en normas y reglas de operación, “además del carácter degradante de recibir el cheque o la autorización de pago en eventos públicos, o el de hacer una enorme fila en las oficinas de gobierno, estos hechos, niegan la oportunidad de ser uno mismo, oprimen a la gente humilde en lugar de respetar la dignidad que nos merecemos” (Salvador Cornelio, Medico Tradicional, Sojawachi)
En este contexto, el problema del desarrollo y bienestar en las comunidades indígenas, continua abordándose con parcialidad, y sin resultados claros, los recursos presupuestales (federales y estatales) se han canalizado a campañas mediáticas de interculturalidad y bilingüismo educativo, así como a obras de infraestructura en regiones indígenas, en vez de enfocarse a eliminar las causas estructurales del despojo, la marginación y la pobreza en la que ellos viven.
Para el año 2003 el ex presidente Vicente Fox Quesada firmó el decreto por el que se crea la nueva Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), proyecto que sustituyó al Instituto Nacional Indigenista (INI), cuya responsabilidad sería la de integrar al progreso a más 15 millones de mexicanos indígenas estancados en la pobreza extrema, con altos niveles de desnutrición, analfabetismo y mortandad.
Fuente: Tesis de Maestría, Ángel M. Espinoza Flores; abril del 2009.
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